España y Europa viven un momento decisivo. La falta de aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados no solo limita la gestión fiscal y la planificación económica, sino que también erosiona la soberanía nacional, reduce el control democrático y amenaza la estabilidad social y política. Esta situación es especialmente grave porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado reiteradamente un incumplimiento flagrante de la obligación constitucional de presentar y aprobar a tiempo los presupuestos, una responsabilidad clave y explícita en la Constitución Española.
El artículo 134 de la Constitución Española establece sin ambages que:
"El Gobierno debe presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes del fin del ejercicio anterior, para su debate, modificaciones y aprobación."
Este mandato busca asegurar:
Planificación anual integral: el presupuesto debe abarcar la totalidad de ingresos y gastos estatales, incluyendo beneficios fiscales, para un año natural, garantizando así una gestión adaptada a la realidad económica y social del país.
Transparencia y control democrático: el Parlamento, expresión de la soberanía popular, debe intervenir activamente en las prioridades de gasto y política fiscal, ejerciendo su función esencial de control y rendición de cuentas.
Continuidad limitada y excepcional: solo en ausencia de la aprobación de una nueva Ley presupuestaria se activa la prórroga automática de las cuentas del año anterior, mecanismo diseñado para evitar la parálisis institucional, pero que no debe ni puede sustituir la renovación y adaptación anual del presupuesto.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vulnerado sistemáticamente este precepto, presentando retrasos reiterados y promoviendo prórrogas que alargan una situación excepcional más allá de lo razonable. Esto ha generado serias consecuencias:
La pérdida de control parlamentario real, al sustituir el debate presupuestario por la gestión administrativa improvisada y la aprobación de decretos-leyes con escasa deliberación.
La gestión "a ciegas" de un gasto público basado en cifras desfasadas, sin incorporar plenamente variables económicas actuales ni prioridades emergentes.
La erosión de la calidad institucional, debilitando la confianza ciudadana y la percepción de responsabilidad política.
"Es inadmisible que un gobierno democrático renuncie a su obligación constitucional de presentar presupuestos actualizados y permita que se perpetúe una gestión técnica sin control ni planificación real",advierte la economista María López.
Aunque la prórroga garantiza la continuidad administrativa, su uso prolongado implica un bloqueo del Parlamento y limita la capacidad para adaptar la política fiscal. El resultado es una gestión económica que ignora ajustarse a la realidad cambiante, delegando decisiones clave a decretos-ley con menor control y certeza.
Para dimensionar el impacto real, presentamos las cifras aproximadas del presupuesto español para 2024:
Pensiones y seguridad social: ~160.000 millones de euros, la partida estrella y foco de retos cruciales de sostenibilidad.
Transferencias corrientes a Comunidades Autónomas y municipios: ~90.000 millones, vitales para servicios públicos y cohesión territorial.
Inversión pública: apenas ~20.000 millones, insuficiente frente a las necesidades de infraestructura, tecnología y desarrollo estratégico.
Gastos en personal y funcionamiento administrativo: ~80.000 millones que alimentan un ejecutivo mastodónico.
Subvenciones y ayudas diversas: ~15.000 millones, cuestionadas por su eficiencia.
Defensa y seguridad: ~12.000 millones, esenciales en el panorama incierto actual.
Pagos de deuda e intereses: >40.000 millones, una carga creciente e ineludible.
Para visualizar el despilfarro y la dimensión del gasto público, imagine que:
Cada millón de euros malgastado representa 20.000 billetes de 50 euros apilados.
Un despilfarro estimado de 1.000 millones de euros equivale a 20 millones de billetes de 50 euros, que si se desplegaran sobre el césped, cubrirían completamente un campo de fútbol profesional y aún sobrarían billetes para otros espacios.
Por ejemplo:
La partida de pensiones, con unos 160.000 millones, podría llenar aproximadamente 3.200 campos de fútbol llenos de billetes de 50 euros.
Las transferencias corrientes a autonomías y municipios cubrirían más de 1.800 campos de fútbol con billetes.
Cada campo de fútbol lleno simboliza recursos que podrían invertirse en defensa, innovación, infraestructura o servicios sociales críticos, pero que quedan absorbidos en gastos rígidos o partidas improductivas.
Esta poderosa analogía pone en perspectiva la enorme responsabilidad que implica una gestión presupuestaria eficiente y responsable, que el Gobierno actual no ha garantizado.
El reto demográfico con una población envejecida y baja natalidad exige reformas urgentes y planificación fiscal rigurosa para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. La ausencia de presupuestos actualizados dificulta incorporar estas reformas vitales, instaurando incertidumbre y riesgos sociales profundos.
María López, economista especialista en finanzas públicas, declara:
"La prórroga presupuestaria prolongada desvirtúa el control parlamentario y reduce la capacidad de adaptación de la política fiscal a las necesidades reales del país."
Raymond Torres, analista económico, advierte:
"El despilfarro no es sólo un problema de cifras, sino un síntoma de la pérdida de soberanía y capacidad de planificación nacional y europea."
Exigir el cumplimiento estricto del calendario constitucional para presentación y aprobación anual de presupuestos.
Priorizar el blindaje de inversión pública, defensa y cohesión territorial.
Realizar una revisión rigurosa del gasto público para eliminar despilfarros y optimizar recursos.
Impulsar reformas estructurales en el sistema público de pensiones, vinculadas a un marco presupuestario sostenible.
Reforzar el control parlamentario, limitando abusos del decreto-ley.
La prórroga presupuestaria, concebida para casos excepcionales, no puede ser normalizada sin menoscabar gravemente la democracia fiscal, la gobernanza eficiente y la soberanía de España.
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