España cuenta con un modelo que protege su pluralidad lingüística: el castellano es la lengua oficial del Estado y otras lenguas son cooficiales en sus territorios según sus Estatutos, lo que incluye catalán, valenciano, euskera, gallego y aranés, todos bajo un mandato de especial respeto y protección del patrimonio lingüístico común.
En Asturias, a finales de los setenta, cuando España despertaba a la hoy desmañada democracia, el bable volvió a la plaza pública no solo como eco de la tradición, sino como promesa de futuro. Aquellas pancartas de "Bable nes escueles" de 1976 no eran nostalgia: eran la intuición de que una lengua que te nombra también te proyecta. A dia de hoy, el español es la única lengua oficial en Asturias.
La zona vascófona, es poseedora de una lengua preindoeuropea, irrepetible en el mapa de Europa, que encontró en la cooficialidad un pacto cívico con modelos educativos a elección de las familias, servicios bilingües, una convivencia que, si se gobernara con sensatez, demostraría que el orgullo local y la interoperabilidad nacional pueden remar en la misma dirección para conservar esta joya lingüística occidental.
Galicia siguió un compás parecido, pero con música atlántica. En 1981, su Estatuto hizo cooficial el gallego y, en 1983, la Ley de normalización le dio voz en la administración y en el aula. Aquí la narrativa se ensancha hacia fuera: una lengua románica que dialoga con el portugués y abre ventanas a la lusofonía. El relato gallego es el de un puente: entre aldeas y ciudades, entre cultura y economía, con la certeza de que hablar dos lenguas no divide, multiplica .
El aranés, en el Valle de Arán, representa la microficción más elocuente: una variedad occitana, protegida y cooficial en su valle, que le dice al resto del país que Europa cabe también en un valle pirenaico.
Esta distinción jurídico-institucional permite tratar el catalán y el valenciano con identidad normativa propia, evitando confusiones y fricciones sociales: el catalán es cooficial en Cataluña y las Islas Baleares, mientras que el valenciano es lengua propia y cooficial en la Comunidad Valenciana, con amparo expreso en su Estatuto y leyes de uso y enseñanza.
Catalán: cooficial en Cataluña (con el aranés en el Valle de Arán) y en Las Islas Baleares, conforme al artículo 3 de la Constitución y a sus Estatutos; el Estado reconoce este mosaico como riqueza que merece protección activa en administración y educación sin descuidar que el hilo conductor de la cooficialidad debe ser la lengua común de todos, el español.
Valenciano: cooficial en la Comunidad Valenciana con garantías de uso normal en la administración y la enseñanza; el artículo 6 del Estatuto proclama el derecho a conocerlo y usarlo, que la Generalidad debe garantizar; su régimen lingüístico se ha actualizado recientemente para reforzar la libertad de elección de lengua en los centros educativos.
Estas bases normativas sostienen un enfoque de "unidad en la diversidad" que prestigia las lenguas sin erosionar la interoperabilidad estatal, siempre que la política lingüística se mantenga neutral y orientada al servicio del ciudadano.En Cataluña y en la Comunidad Valenciana, la lengua y su cooficialidad han sido elevadas a eje de campaña y herramienta de encuadre electoral, con estrategias distintas pero un mismo resultado: polarizar y movilizar a los propios, marcando fronteras simbólicas entre "nosotros" y "ellos".
El impulso al uso de las lenguas cooficiales en instituciones nacionales —como su despliegue en el Congreso tras acuerdos de investidura— se ha presentado por fuerzas secesionistas como "reconocimiento histórico" y "reflejo de la España real", convirtiéndose en moneda política para cerrar apoyos y dotar de épica identitaria a la negociación parlamentaria.
Ese mismo debate, amplificado a escala europea con la aspiración de llevar catalán, euskera y gallego a foros de la UE, ha sido reencuadrado por el Gobierno como prioridad diplomática, siendo un gesto costoso y divisivo, útil para la pugna partidista más que para la gestión cotidiana.
El resultado comunicativo, buscado o no, es claro: la lengua deja de ser un derecho de servicio para convertirse en una bandera que ordena bloques, activa identidades y desplaza otras urgencias reales del ciudadano de a pié.
En estos escenarios de alta tensión instalados hoy día, ciertos separatismos han instrumentalizado las lenguas como marcadores identitarios excluyentes, trasladando al terreno lingüístico sus anhelos secesionistas. Convertir la lengua en barrera —en lugar de puente— daña la movilidad, la igualdad de acceso a los servicios públicos y la cooperación entre administraciones, obligandfo al ciudadano que no es separatista a posicionarse en contra de un patrimonio cultural nacional de un calado enorme , como es la vasta riqueza del lenguaje que nos pertenece a todos .
La literatura científica y divulgativa especializada identifica beneficios asociados al bilingüismo bien implementado en la infancia, como mayor flexibilidad cognitiva, mejor atención selectiva y desarrollo de funciones ejecutivas (memoria de trabajo, control inhibitorio entre otras). Revisiones académicas recientes señalan impactos positivos en el desarrollo cognitivo temprano.
Estos beneficios están condiciondos a que el entorno educativo asegure un espacio suficiente y equilibrado en ambas lenguas. Es decir, excluyendo una de las lenguas en el día a día excluiriamos los beneficios cognitivos del bilingüismo.
España ofrece un modelo singular y poco exigente: una lengua oficial de Estado —garante de la unidad política, la igualdad de derechos y la interoperabilidad administrativa— junto a cooficialidades robustas, ordenadas por Estatutos y amparadas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que el país aplica desde 2001 con compromisos seleccionados por el propio Estado para proteger y fomentar lenguas históricas bajo reglas claras y verificables. Este diseño, bien gobernado, permitiría combinar orgullo cultural y cohesión nacional, cosa que a día de hoy no ocurre al desplazar la lengua común a un segundo plano por intereses partidistas.
Francia consagra constitucionalmente el francés como lengua de la República y reconoce las lenguas regionales como patrimonio, habilitando su enseñanza y presencia cultural sin convertirlas en cooficiales territoriales, lo que blinda la igualdad jurídico‑lingüística en la esfera pública a la vez que permite márgenes educativos y culturales bajo "tolerancias constitucionales" y límites expresos fijados por su Consejo Constitucional.
Italia, por su parte, mantiene el italiano como lengua oficial del Estado y protege un listado tasado de minorías históricas con una ley general (482/1999) que articula usos en educación, administración, toponimia y medios, siempre preservando el valor legal exclusivo del texto en italiano y delegando la implementación territorial con criterios de subsidiariedad y control presupuestario.
La lección común debería ser la claridad competencial, primacía efectiva de la lengua de Estado en lo oficial, protección proporcionada y auditada de las lenguas históricas en educación y cultura, y verificación periódica de cumplimiento que evite instrumentalizaciones partidistas y garantice que cada euro invertido refuerza capital humano, cohesión y prestigio exterior del conjunto nacional.
La Constitución Española, en su Título Preliminar, establece que España se constituye como un "Estado social y democrático de Derecho". Este principio implica que el Estado debe velar por el bienestar social y la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, lo que indirectamente contribuye a la cohesión lingüística territorial cosa que el actual gobierno del Partido Socialista Obrero Español debería recordar que todo ciudadano español tiene derecho a :
Neutralidad institucional y bilingüismo de servicio: garantizar derechos sin convertir la lengua en barrera de acceso ni en filtro de promoción profesional.
Calidad y libertad educativa: asegurar competencia plena en ambas lenguas, con evaluación externa y libertad responsable de elección allí donde el marco lo prevé
Transparencia y retorno: políticas lingüísticas con métricas claras en educación, administración y proyección cultural, evitando duplicidades y priorizando utilidad pública.
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