La deducción de 95 euros en la nómina: ¿por qué no invertirla en la natalidad española?

Del parche cosmético de la hucha de pensiones a un plan real para fortalecer familias nacionales.

Familia española joven con recién nacido, fondo en colores rojo-amarillo nacionalista, simbolizando la inversión en natalidad y pensiones futuras. Hace poco, a finales de septiembre de 2025, se anunció una nueva deducción en las nóminas que, en principio, parece modesta: unos 95 euros al año por persona. Sin embargo, al dividirla en doce meses, equivale a casi 8 euros menos cada mes. Esa cantidad puede sonar insignificante, pero en la rutina diaria marca la diferencia. Podría ser la mitad de un plan de datos móviles, un par de cafés con amigos o incluso el pescado de la compra semanal. Para muchas familias, representa el margen entre un fin de mes tranquilo y uno más ajustado. Surge entonces una pregunta clave, que no siempre recibe respuestas claras: ¿a qué se destinan realmente esos euros?

Hace poco, justo a finales de septiembre del 2025, nos soltaron la bomba en las nóminas: una nueva deducción que, en el papel, pinta como algo menor... unos 95 euros al año por cabeza. Pero espera, si lo divides entre doce meses, te salen casi 8 euros menos cada mes. Ocho euros. No suena a mucho, ¿verdad? Hasta que lo piensas en el día a día. Esos ocho euros podrían ser la mitad de tu plan de datos móviles, o un par de cafés con los compañeros de trabajo, o incluso tu parte de esa cena sencilla con amigos de los viernes por la noche. Para muchas familias, es justo lo que marca la diferencia entre llegar holgado a fin de mes o tener que apretar el cinturón un poco más. Y ahí viene la gran duda que flota en el aire, la que nadie parece querer responder con pelos y señales: ¿para qué demonios sirven realmente esos 8 euros que nos quitan?

Pues bien, vamos a desgranarlo sin prisas. La versión oficial, la que sale en los comunicados del Gobierno y en las noticias de la tele, es simple: todo va a reforzar la "hucha de las pensiones", ese fondo de reserva que se supone que nos salva el futuro. Lo llaman Mecanismo de Equidad Intergeneracional, o MEI para los amigos, pero en realidad no son amigos de nadie. Suena bonito, ¿no? Como si estuviéramos echando una mano a los abuelos y a nosotros mismos cuando nos retiremos, asegurando que las generaciones se repartan la carga de forma justa. Responsabilidad compartida, protección para los mayores... Palabras que calan en un país como el nuestro, donde las pensiones son sagradas para tantos. Pero, ojo, cuando rascas un poco más allá de la superficie, la cosa se pone fea. Esa explicación oficial es endeble, como un castillo de naipes en un día de viento.

Para entenderlo mejor, hagamos números rápidos, pero con datos frescos de este 2025. Según las cifras de la Seguridad Social, en septiembre teníamos unos 21,7 millones de afiliados trabajando y cotizando. Multiplica eso por los 95 euros que cada uno aportamos al año con esta deducción... y te salen, como mucho, unos 2.061 millones de euros recaudados en total. Dos mil millones. De lejos, parece una pasta gorda, algo que podría mover montañas. Pero ponlo en perspectiva con el monstruo que es el gasto en pensiones. Solo en este año 2025, el Estado va a soltar más de 216.000 millones de euros en pensiones públicas, que es casi el 13% de todo el PIB del país. ¿Ves? Esos dos mil millones son una gota en el océano. Ni siquiera cubren un mes entero de pagos. En palabras claras y sin rodeos: esto no arregla nada del sistema. Es como tapar una fuga en una presa con un chicle.

Entonces, ¿para qué sirve de verdad esta medida? Ahí entramos en el terreno de la política pura y dura, donde las cosas se ven con otros ojos. Desde el punto de vista práctico, sirve para varias jugadas maestras al mismo tiempo. Primero, para poder presumir de que se está haciendo algo concreto. Imagínate la campaña: "Mirad, votantes que ya estáis jubilados o cerca, hemos reforzado la hucha, os estamos cuidando, así que seguid confiando en nosotros". Es un titular fácil, que vende en las urnas. Segundo, para pasarnos el marrón, al menos en parte, a los que curramos hoy en día... es decir, a la gente de a pie, sin tocar directamente el presupuesto general del Estado. No suben impuestos visibles, no recortan en otras áreas de golpe; solo un pellizquito en la nómina que pasa desapercibido para muchos. Tercero, crea una historia bonita de protección a los mayores, sin que el Gobierno tenga que soltar un duro extra en forma de pensiones más altas o mejoras reales. Al final d, es un parche cosmético con un brillo político que deslumbra. Suena responsable, pero en el fondo, es más postureo que sustancia.

Y esto nos lleva directo a un problema que me revuelve las tripas, tanto moral como práctico. Moralmente, hay que ser poco empático para pedirle esfuerzo a los que estamos en la brecha ahora mismo, los que madrugamos, curramos horas extras y pagamos facturas, para tapar agujeros que deberían resolver los de arriba: una gestión presupuestaria decente, reformas de verdad en el Estado, o un sistema de protección social que no se tambalee como un borracho. ¿Por qué nosotros, los de siempre, tenemos que cargar con esto? Prácticamente, es aún peor. Esos recursos son un chiste ante los retos reales que tenemos encima. España envejece a pasos agigantados: la pirámide demográfica es un embudo invertido, con cada vez más jubilados y menos jóvenes entrando al mercado laboral. La longevidad sube, sí, pero ¿quién cotiza para pagar esas pensiones más largas? Con una tasa de natalidad que ronda los 310.000 nacimientos al año en 2025, estamos en mínimos históricos, y eso significa obligaciones crecientes que este MEI ni roza. Es como echarle gasolina a una moto averiada esperando que arranque porque nos da terror afrontar que hay que cambiar el motor.

Si de verdad quisiéramos asegurar la sostenibilidad de las pensiones, no nos andaríamos con estas tonterías. Habría medidas directas, de las que duelen pero funcionan: una, racionalizar el Estado, que es un mastodonte lleno de duplicidades. Eliminar chiringuitos administrativos, fusionar consejerías autonómicas y estatales que se pisan las mangueras y por desgracia , literalmente cuando hay fuegos... Ahí hay millones ahorrados sin tocar derechos. Dos, revisar a fondo las prioridades de gasto, con transparencia total en cómo se ejecuta cada euro del presupuesto. Que el dinero vaya a lo que importa de verdad –pensiones, sanidad, dependencia– y no a mantener redes clientelares o proyectos faraónicos que no sirven para nada. Tres, impulsar reformas que creen empleo de calidad, con bases de cotización más amplias y estables. Y no olvidar instrumentos fiscales que fomenten el crecimiento económico, para que la recaudación suba sin machacar los sueldos de los más bajos. Cosas obvias, pero que requieren cojones políticos que esta casta política no tiene para implementar.

El lío es que, en la política de todos los días, lo obvio no siempre gana. Triunfan las medidas que dan bombo en los medios y calman a los votantes de inmediato, no las que piden valentía y explicaciones eternas. Recortar ministerios, unificar competencias... eso es impopular, lento como una tortuga y te cuesta votos a patadas. En cambio, meter una deducción de 95 euros en la nómina es casi indoloro: la gente gruñe un rato, pero pasa página. Y el Gobierno sale en la foto como el gran protector de los pensionistas, con la hucha reluciente. Recuerda lo que pasó con reformas parecidas en el pasado, como el copago farmacéutico de 2012: al principio revuelo, pero al final se normalizó porque se presentó como "necesario". Aquí va por el mismo camino, pero con un toque más sutil.

Ahora, bajemos al barro, a lo personal. ¿Qué significa esto para alguien con un sueldo normal, digamos 1.200-1.500 euros al mes? Esos 8 euros que se van cada mes se notan, créeme. Para solteros o parejas jóvenes, es lo que cubre la suscripción a Netflix,unos pañales marca blanca o un par de birras después del curro. Podría ser la diferencia en comer pescado en la compra de la semana, o en pagar la guardería sin tanto estrés. Y lo que molesta de verdad es que no hay un "a cambio" claro. Esta deducción no engorda tu futura pensión personal ni tan siquiera garantiza la continuidad de las pensiones, no es algo que te computen para cuando te jubiles. Es una transferencia a una caja común, abstracta, para "el bien mayor". Pagas, y punto. No recibes un derecho extra, solo contribuyes a que el sistema no colapse... en teoría.

Por eso, como sociedad, tendríamos que exigir más. Primero, transparencia total: que nos digan al milímetro cuánto se recauda con esto, cómo se guarda en la hucha, y bajo qué reglas se puede tocar. Nada de opacidad. Segundo, medir si funciona: si en unos años la sostenibilidad no mejora, reconocer el fracaso y pivotar a planes reales. Tercero, abrir debates públicos de verdad sobre prioridades. ¿Queremos seguir con esta maraña burocrática que se come el presupuesto, o priorizamos pensiones y servicios esenciales recortando lo superfluo? No más decisiones en despachos cerrados; que la gente vote con conocimiento si quieren seguir llamando a esto democracia.

Y hablando de cómo se vende esto ...aquí hay otra trama que desentramar... es una clase magistral de comunicación política. Primero, sueltan el bombazo: "¡Nueva deducción de 95 euros en la nómina!". Sin aclarar que es anual, claro. Suena a un palo gordo cada mes, y la gente se mosquea en redes. Luego, en las explicaciones detalladas, lo bajan a la realidad: repartido en doce, son poquitos. Así, crean el drama inicial para parecer "valientes", pero lo suavizan para que no reviente. Es una jugada que minimiza protestas: el titular asusta, la letra pequeña tranquiliza. Al final, la medida pasa sin grandes escándalos, aunque sea más un apaño que una solución de fondo. En un país donde la confianza en los políticos anda por los suelos, esto es oro para ellos.

Pero vayamos aún más allá, porque esto no puede quedarse en quejas. ¿Y si tomamos esos casi 2.000 millones de euros que se van a la hucha cada año y los usamos para algo que de verdad construya futuro? Algo que ataque el problema de raíz. Me refiero a reforzar la natalidad entre los españoles, ese drama que arrastramos desde hace décadas y que amenaza con hundirnos.

España en 2025: 310.000 nacimientos anuales. de los cuales para los niños de 0 a 4 años, que representan nacimientos recientes (2021-2025), el 39% tienen origen extranjero que se desglosa así: el 25% con dos progenitores inmigrantes (segunda generación propiamente dicha), el 10% con uno solo y el 4% que llegaron de niños pequeños (generación 1,5). Esto significa que, de los aproximadamente 310.000 nacimientos anuales estimados en 2025, unos 77.500-93.000 serían de segunda generación

Aun así , con los esfuerzos multiculturales a pleno rendimiento seguimos teniendo la tasa más baja de la historia, un envejecimiento que nos deja sin relevo generacional. Sin jóvenes cotizando, ninguna hucha del mundo aguanta. Esos fondos podrían ser el empujón para familias nacionales, preservando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro modo de vida. No es caridad; es inversión en la Nación.

Piensa en ello: con 95 euros por trabajador, sumando más de 2.000 millones al año, podríamos montar políticas que apoyen de verdad a las familias españolas. Ayudas directas para tener hijos, facilidades para conciliar curro y vida familiar, subvenciones a guarderías... Hasta planes de vivienda que no asfixien a los jóvenes cuando piensan en formar hogar. Esto no solo subiría la natalidad –clave para equilibrar la pirámide–, sino que crearía un crecimiento demográfico sostenible. Más niños significa más cotizantes mañana, un sistema de pensiones sólido, y una sociedad vibrante que no se diluya. Es sencillamente vital: fomenta que los españoles tengamos descendencia, manteniendo nuestra esencia frente a flujos migratorios que alteran el equilibrio. Porque sin población propia, ¿qué Nación nos queda?

Cómo invertir 2.000 millones para fomentar la natalidad en España

Un plan concreto y realista: tomemos esos 2.000 millones que el MEI recauda en 2025 y redirijámoslos a impulsar la natalidad. No es un sueño utópico; es factible, con impacto directo en las familias y en el futuro del país. Aquí va un desglose paso a paso, con cómo se usaría el dinero y por qué funcionaría, pensando en lo que de verdad necesita la gente de a pie.

  • 1. Ayuda directa al nacimiento o adopción: Pongamos una ayuda única de 1.500 euros por cada hijo que nazca o se adopte en familias españolas. Con unos 310.000 nacimientos al año en 2025, esto costaría alrededor de 465 millones de euros. Imagina el alivio: esa pasta cubre el carrito, la cuna, los primeros meses de pañales. Para una pareja joven en un piso de alquiler, es el empujón que evita posponer el segundo hijo por miedo al desembolso inicial. Esta ayuda no solo alivia el bolsillo, sino que envía un mensaje: "Queremos que tengáis hijos, España os respalda".
  • 2. Subvenciones para guarderías y educación infantil: Destinemos 600 millones al año a subvencionar plazas en guarderías. Con eso, podríamos cubrir 300.000 plazas a 2.000 euros cada una, gratis o a precio simbólico para familias con ingresos medios-bajos. ¿Por qué? Porque el curro y la maternidad no cuadran sin apoyo. Muchas mujeres dejan el empleo por falta de sitios asequibles, y eso frena la natalidad y las cotizaciones. Piensa en una madre soltera o en parejas con turnos: con guardería barata, siguen trabajando, cotizando a la Seguridad Social. Es un círculo virtuoso: más empleo femenino, más bases cotizadas, hucha más llena a largo plazo. Y nacionalmente, asegura que los niños crezcan en entornos con valores propios, no delegados al azar.
  • 3. Facilidades fiscales para familias con hijos: Usemos 500 millones en deducciones directas en el IRPF para familias con uno o más hijos. Eso daría unos 1.500 euros anuales por familia, beneficiando a unas 333.000 hogares. No es un lujo; es justicia. Hoy, tener hijos te penaliza en impuestos, con cargas que ahogan. Esta medida aligeraría eso, haciendo atractiva la idea de familias numerosas. Recuerda a esas familias tradicionales que tanto valoramos en nuestra historia: con menos presión fiscal, más gente se anima. Y el impacto demográfico sería enorme, reequilibrando la baja tasa de fertilidad que nos lastra desde los 90.
  • 4. Planes de vivienda asequible para jóvenes y padres: Con 375 millones, lancemos programas de acceso a vivienda: ayudas para entradas, hipotecas con intereses bajos, o alquileres protegidos enfocados en menores de 35 con hijos o planes de tenerlos. El precio de la casa es el gran freno para formar familia en España; los jóvenes se van al extranjero o posponen todo. Esto crearía hogares estables, donde nazcan niños en suelo propio. Imagina: una pareja en Madrid o Barcelona, ahorrando años para un piso, pero con esta ayuda, lo logran en meses. Fortalece la cohesión social, preserva comunidades españolas en sus tierras, contra la despoblación rural que nos roe.
  • 5. Programas de conciliación y apoyo social: El resto, 200 millones, para horarios flexibles en empresas, permisos parentales extendidos, guarderías en compañías y campañas que promuevan la familia como pilar nacional. No solo dinero; educación y cultura. Campañas que muestren historias reales: familias felices, con tiempo para los hijos, sin quemarse en el curro. Esto refuerza el sentido comunitario, el orgullo de ser español y criar la siguiente generación. En un mundo globalizado, es clave para no perder nuestra identidad demográfica.

Este plan no es gasto vacío; es semilla para el mañana. Con eficiencia, transformaría esos 2.000 millones en vidas nuevas, en cotizaciones futuras, en una España más fuerte y unida. Lejos de parches construiríamos algo sólido: familias apoyadas, natalidad al alza, un sistema de pensiones que resista porque hay quien lo sostenga. Porque al final, la verdadera equidad intergeneracional pasa por tener generaciones que se releven, no por exprimir a las que ya estamos aquí. ¿No te parece la hora de exigir eso?